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Salvador García Soto
Salvador García Soto
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Salvador García Soto es periodista. Nació en Guadalajara Jalisco, donde cursó la licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad del Valle de Atemajac. En Guadalajara colaboró en varios medios locales y en oficinas de los gobiernos estatal y federal. Fue reportero de la fuente política en El Heraldo de México y en el diario La Crónica de Hoy. Desde 1998 escribe la columna política Serpientes y Escaleras que se ha publicado en los periódicos La Crónica, El Independiente y actualmente en el Universal Gráfico. Fue director general de Crónica y ha colaborado en revistas como Vértigo y Cambio. Durante dos años fue conductor del programa Cambio y Poder que se transmite por Cadena Raza y desde noviembre 2003 colabora en W Radio como comentarista del noticiario Hoy por Hoy tercera emisión y en el programa El Weso.

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16 Septiembre 2020 04:00:00
Juicio a expresidentes, en manos de la Corte
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Muy lejos del objetivo de fortalecer y profesionalizar a las policías locales y municipales, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2021, que presentó el Gobierno federal a la Cámara de Diputados, propone eliminar casi 4 mil millones de pesos que se destinaban al fortalecimiento de la seguridad en los municipios más conflictivos del país, y en vez de invertir esos recursos en las policías civiles y locales, destinará la mayor parte de esos recursos a incrementar en 3 mil 300 millones de pesos el presupuesto de la militarizada
Guardia Nacional.

Con la cancelación de recursos al Fortaseg, fondo con el que se apoyaba a la seguridad y las policías de los 300 municipios más poblados e inseguros de la República, sobre todo en las grandes zonas metropolitanas donde se concentra el 90% de la incidencia delictiva a nivel nacional, la Secretaría de Hacienda no solo golpea a las autoridades y los habitantes de las grandes urbes con mayor inseguridad, sino que también se debilita al Secretariado Ejecutivo Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) la institución federal que coordina y mide los resultados de la estrategia de seguridad a nivel nacional y que, sin esos recursos, quedará debilitado y sin poder marcar directrices a los municipios.

Según el proyecto del PEF 2021, el mencionado Fortaseg recibirá cero pesos y se le eliminan los 4 mil millones de pesos que, etiquetados por el Gobierno federal, eran enviados a los municipios o los estados que tienen mando único policial.

Casualmente, mientras se castiga a los municipios con el feroz recorte, se tiene previsto aumentarle el presupuesto a la Guardia Nacional, el cuerpo de seguridad militarizado creado a propuesta del presidente López Obrador, al que se le destinan mayores recursos, aunque eso no signifique que la Guardia tendrá mayor capacidad ni efectividad en sus operaciones, mismas que hasta ahora no han dado los resultados ofrecidos.

El tema está siendo revisado por varios gobernadores y alcaldes del país, quienes le pedirán a la Cámara de Diputados corregir esa propuesta de Hacienda, por considerar que afecta a las entidades federativas y de recursos federales etiquetados. Sin el Fortaseg, se le quita al SESNSP la facultad de fijar a los municipios cómo deben aplicar los montos etiquetados para reclutamiento, capacitación, armamento, tecnología y certificación de sus policías.

En lugar de eso, el presupuesto prevé que los municipios compensen la pérdida con 20% de los recursos de otro fondo para seguridad pública, denominado Fortamun, que se reparte de acuerdo con el número de población, pero que no obliga a los ayuntamientos ni estados a seguir lineamiento o regla alguna de la Federación porque no son etiquetados, lo que no garantiza que los destinen a sus policías municipales, ni siquiera a temas de seguridad.

Ahora en el presupuesto 2021 se decide quitarle fuerza a las corporaciones municipales o de mando único y darle más elementos a la Guardia Nacional, corporación a la que se le quiere dar todo el peso de la seguridad a nivel nacional y se argumenta en el mismo texto del presupuesto, que “será una corporación civil para prevenir, investigar y perseguir delitos
del fuero común”.

Así que, en la visión de los estados, la cancelación y manipulación de esos fondos no solo es un golpe a los municipios al reducirles su capacidad de hacer frente a la inseguridad, de no poder reclutar policías y capacitarlos, sino también se sacrifica a una institución de coordinación que ha funcionado, como el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mientras se apuesta a crecer económica y extralegalmente a una corporación como la Guardia Nacional, “en detrimento de la soberanía municipal y estatal”.

¿Es eso lo que se quiere –se preguntan gobernadores y alcaldes–, fortalecer la Guardia Nacional mientras se debilita a las policías locales y municipales, y se dificulta la atención de la seguridad de los ciudadanos en el nivel de gobierno más cercano a sus necesidades? Se baten los dados. Capicúa.
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