Saltillo.- Hace tres años, un 18 de marzo, en el Congreso local, Jesús Torres Charles levantó la mano derecha y protestó como fiscal general del estado de Coahuila; luego en diciembre de 2011 renunció.

Hace dos días se retiró del gabinete de Rubén Moreira Valdez, al que se había sumado como Consejero Jurídico del Gobernador, argumentando motivos personalesSu salida se da en medio de acusaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), con ayuda de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda y la Procuraduría de Justicia Militar, quienes descubrieron una red de protección de funcionarios y de oficiales del Ejército en Coahuila implicados con un grupo de la delincuencia organizada.

Una de las personas que fueron señaladas por Pedro Toga Lara, “El Guacho”, ex operador de un cártel en Coahuila, hoy testigo protegido, es el hermano del ex fiscal, Humberto Torres Charles, quien recibía como pago 300 mil pesos mensuales y que actualmente se encuentra prófugo de la justicia luego de que fue avisado que sería detenido por la PGR.

Según la investigación, Humberto Torres Charles, quien fuera director jurídico de la Secretaría de Salud en el sexenio pasado, daba protección a narcotraficantes utilizando también a su equipo de trabajo en la Fiscalía estatal a la que perteneció.

Las investigaciones de las instancias federales revelan un periodo de corrupción y protección al frente de Torres Charles, quien también fue acusado por la periodista e impulsora del programa de seguridad “Modelo Coahuila” Isabel Arvide, que aseguró que ya había advertido que el hermano de Torres Charles controlaba a toda la Policía por radio.

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A través de su cuenta de Twitter, dijo que al hacer públicos sus señalamientos, recibió amenazas del ex fiscal. “Torres Charles (Jesús) me amenazó, q me callara o me iba a callar. Luego vino la bronca c Villarreal y me fui de Coahuila. Le advertí q lo iba a pagar”, (SIC) publicó en la red social.
Arvide aseguró que el tema ya no era nuevo en los altos mandos de la fiscalía estatal. “De ahí mi confrontación con Torres Charles, Fiscal en Coahuila sexenio pasado. Denuncie con pruebas al hermano, al com (comandante) centeno a muchos”, escribió en su Twitter el sábado 18 de febrero.

Las fechas en que las indagatorias de la PGR en Coahuila comenzaron en marzo de 2011, cuando el Ejército detuvo a varios miembros de un grupo delictivo, quienes se apegaron a la figura de testigo protegido y son identificados como “Sagitario” y “Escorpión”, coinciden también con la escalada de la violencia en Saltillo.

Los testigos proporcionaron los nombres de la subdelegada de la PGR en Saltillo, Claudia González López, quien ya fue consignada; Sergio Tobías Salas, comandante de la Fiscalía General del Estado FGE; Manuel de Jesús Cícero Salazar, ex director de la Policía Operativa, y el agente de la Policía Operativa, Julio César Ruiz Esquivel, todos ellos ya detenidos por agentes de la SIEDO.

De acuerdo con la indagatoria, el testigo con clave “Sagitario” refirió los lugares donde se reunía con los integrantes de la organización delictiva, mientras que “Escorpión” identificó, por medio de fotografías, a los servidores públicos.

Según la investigación, José Luis Sarabia Ramón, detenido el 12 de enero pasado, considerado por las autoridades como el tercero en la línea de mando del grupo a escala nacional, dijo que los detenidos y otros funcionarios más tenían vínculos con la banda.

Por parte de la PGR continúan las investigaciones, pues hay otras tres órdenes de aprehensión libradas para igual número de personas.

DE SECRETARIO A FISCAL

Antes de ser fiscal general del estado, Jesús Torres Charles trabajó como secretario proyectista de sentencia en el Juzgado Séptimo Civil del Distrito Federal; en la Secretaría de Gobierno de Coahuila desempeñó diversas funciones, entre ellas director de Documentación e Informe, director de Asuntos Electorales, director general de Asuntos Políticos, encargado del despacho de la Subsecretaria de Gobierno y Política.

En la Procuraduría General de Justicia del Estado, antes de que se convirtiera en Fiscalía en 2009, fue subprocurador procesal, director general jurídico y consultivo, y también subprocurador electoral. Torres Charles además se desempeñó como secretario del Ayuntamiento de Saltillo, cuando Humberto Moreira era alcalde.

Con el mismo se confrontó cuando se hizo pública la red de corrupción para obtener créditos para Coahuila y en la que se implicó a Javier Villarreal, ex secretario de Finanzas en la pasada administración.

El entonces fiscal, Jesús Torres Charles, aclaró que la demanda por un préstamo para Coahuila con documentos falsificados del Congreso local fue presentada por el ex presidente nacional del PRI, Humberto Moreira, el 30 de agosto. La denuncia se refiere a hechos ocurridos en una parte en el mes de marzo de 2011.

Esto contrario, luego que el periódico “Reforma” publicara que Humberto Moreira había declarado que fue en marzo cuando presentó la denuncia, cuando ya no era gobernador de Coahuila. “Habría que preguntarle a él (Moreira), si él dijo que presentó la denuncia en marzo, nosotros sólo lo vimos publicado en un periódico que es el ‘”Reforma”’, declaró Torres Charles.

En entrevista con Joaquín López Dóriga, Torres Charles, precisó que la imputación que se hace es que hay documentos del Congreso, en concreto dos decretos que se “confeccionaron” para obtener créditos de manera irregular.

Sobre el estado de la investigación por este delito, el ex fiscal aseguró que se estaba integrando la averiguación, con información del Sistema de Administración Tributaria del Estado, Tesorería y del Congreso local, así como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno federal.

Los decretos falsos tienen fechas de cuando Moreira aún era gobernador del estado y los actos jurídicos de registro falso del adeudo se dan en 2011, cuando Humberto Moreira ya no estaba al frente de Coahuila.

Pero además de los señalamientos públicos, el ex fiscal fue víctima de un atentado del crimen organizado, y aunque libró la vida, dos civiles que se encontraban en el restaurante Charcoal Grill, en Piedras Negras fallecieron.

Según se indicó, los hechos se registraron después de mediodía, cuando el funcionario estatal arribó al lugar y desde un automóvil en circulación dispararon en su contra, no alcanzando ningún proyectil al grupo al que iban dirigidos y sí a dos comensales que se encontraban ya en el lugar.

CRISIS INTERNA

Jesús Torres Charles renunció al cargo tras un año en el que los homicidios aumentaron 66% en el estado, y en uno de los periodos más violentos en la historia de Coahuila. Ya desde 2005, antes de estar al frente de la Fiscalía, fue procurador del estado, cargo en el que duró cuatro años.

El ex fiscal trabajó en una etapa difícil para el norte, cuando se arreció en la disputa territorial entre grupos del crimen organizado, de acuerdo a los informes del Gobierno federal, a través de la Secretaría de Seguridad Publica.

Durante la gestión de Torres Charles se incrementó la tasa de homicidios dolosos, que sumaron 676 hasta noviembre de 2011, 66% más que en 2010 (407) y 181% por encima de los registrados en 2009 (240), según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). Las desapariciones forzadas, por consecuencia crecieron durante este periodo.

La disputa entre organizaciones delictivas en Coahuila incrementó la inseguridad en la Comarca Lagunera. Desde 2010 en esta zona, sicarios de diversos grupos de la delincuencia organizada han asesinado a jóvenes.

En julio de 2010 en una fiesta que se celebrara en una colonia al norte de Torreón, un comando irrumpió y disparó a quienes se encontraban en el lugar, el ataque dejó 17 jóvenes sin vida, sin que hasta la fecha la Fiscalía estatal haya presentado un avance en las investigaciones.

Además de decenas de enfrentamientos de este tipo donde han perdido la vida más de 3 mil personas inocentes; en Torreón, el periodo de Torres Charles atravesó por uno de los momentos más difíciles.

Una balacera ocurrida el 20 de agosto en el exterior del estadio Territorio Santos Modelo (TSM) durante un partido de futbol, causó alarma entre los fanáticos, pero igual que como en los enfrentamientos que ocurren en el resto del estado, la Fiscalía tampoco presentó resultados, sólo se limitó a informar que se “están llevando a cabo las investigaciones correspondientes”.

En la misma ciudad, también fue asesinado el 25 de abril de 2011 el ganadero y socio del grupo lechero Lala, Carlos Valdez Berlanga, sin que se haya informado actualmente sobre los avances de la investigación.

Ante el incremento de la violencia en esta región, el Gobierno federal, en coordinación con las autoridades militares y estatales, implementaron a mediados de octubre el Operativo Laguna Segura. Un mes después, el subdelegado de la Procuraduría General de la República (PGR), Víctor Manuel Martínez Cortés, fue asesinado por un grupo de hombres armados.

Saltillo, también es escenario de hechos violentos ligados a las actividades del crimen organizado. Desde marzo de 2011 han ocurrido una serie de enfrentamientos armados en los que han perdido la vida tanto elementos militares y policiacos, como civiles.

A esto se suma la muerte del director del Penal de Saltillo, Serafín Peña Santos, quien fuera asesinado en su vehículo, el 13 de diciembre del año pasado. Además del secuestro “express” del que fue víctima la directora del Cereso femenil, Sylvia Pérez Parra.

ASESINATOS Y DESPARICIONES SIN RESOLVER

Pero no sólo la violencia, los enfrentamientos armados y la disputa del narcotráfico por el territorio marcaron el periodo de Jesús Torres Charles al frente de la Fiscalía estatal, ya que el asesinato del periodistas Valentín Valdés Espinoza y la desaparición de Rafael Ortiz, también reportero, siguen sin resolverse.

Del caso de Ortiz están por cumplirse seis años en los que no se ha presentado ningún informe sobre su paradero, a pesar de que las investigación inició el 10 de julio de 2006, cuando el padre del reportero desaparecido, Rafael Ortiz del Toro, interpuso la denuncia de hechos ante la entonces Procuraduría de Justicia del Estado (PGJE) que estaba a cargo de Torres Charles, sin que hasta la fecha se haya informado, al menos, alguna pista sobre la ubicación de Ortiz.

Con el asesinato de Valentín Valdés Espinoza, en Coahuila, son dos los periodistas desaparecidos en el periodo de Torres Charles. Que en el caso de Valdés Espinoza se reservaron la información oficial, hasta que el ex fiscal dio una conferencia de prensa para fijar la postura oficial acerca del homicidio del reportero, señalando al Gobierno federal de Felipe Calderón, como el culpable de la ola de ejecuciones que existen en Coahuila, dada la “política errática” para combatir a la delincuencia organizada.

Ademas de los carpetazos de la Fiscalía estatal a los asesinatos de periodistas, el caso de la familia Galindo Siller sigue resuelto a medias, ya que después de que se determinó que balas de policías estatales y federales ocasionaron la muerte de una familia saltillense, el caso quedó estancado.

Ricardo Siller Galindo, de 14 años; Karen Alejandra Siller Galindo, de 18 años y María Angélica Galindo Sánchez, de 47 –hija y nietos del ex alcalde Eleazar Galindo Vara– fueron acribillados cuando pretendían evadir un supuesto tiroteo.

Sus cuerpos masacrados por la Policía fueron inmediatamente incinerados por orden de los familiares y sus restos fueron depositados en la iglesia Fátima en Saltillo. Ricardo y Karen recibieron seis impactos de bala cada uno, la madre, una decena de disparos, en tanto una amiga de la familia que los acompañaba al momento de la agresión resultó ilesa.

También resultaron heridos un transeúnte que recibió un balazo durante la primera balacera y un policía del Grupo de Armas y Tácticas Especiales de la Fiscalía. Torres Charles evidenció las graves deficiencias con las que se combate a la delincuencia organizada ante la falta de vehículos, comunicación y coordinación entre las corporaciones.

A la cadena de injusticias solapadas por la Fiscalía estatal se suma el incremento de personas desaparecidas en Coahuila, que suman mil 600, cifra reconocida por el gobierno estatal, que ante el estancamiento de los casos, presentó un modelo para resolver las desapariciones, denunciadas por la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, Fundec.